A través de la historia los estados del mundo han impuesto su poder emitiendo y aplicando normas de procedimiento, leyes y reglamentos que beneficien la obtención de sus objetivos; durante varios años se han producido en muchos países el apoderamiento despiadado y violento de las tierras que pertenecieron por décadas a las comunidades indígenas, con fines de colonización, expandir los territorios de las naciones, así como también apoderarse de la riqueza que les ofrece la madre naturaleza con los tesoros escondidos, la explotación de los minerales, el petróleo, conocido como el oro negro, con la finalidad de cumplir un beneficio colectivo. Conforme se ha ido racionalizando el poder, los estados a través de sus Constituciones han tipificado normas de gobernabilidad y protección de los recursos naturales.
En nuestro país, la Carta Magna del 2008 reconoce los derechos de la naturaleza, el derecho al buen vivir, debiéndose entender que el Estado debe proporcionar las condiciones adecuadas para la consecución del buen vivir, por lo tanto debe generar espacios dignos, y sanos.
La construcción de vías que permitan trasladarse de un lugar a otro conlleva una serie de beneficios para toda la nación; el propender a un ambiente sano comporta una serie de acciones y políticas meritorias de realzar que hacen posible brindar ese buen vivir, sin que esto signifique como en épocas pasadas una confiscación o un acto arbitrario del Estado, ya que en las Constituciones modernas se reconoce un justo precio por esas tierras arrebatadas.
Eliminar el índice de analfabetismo, el índice de mortalidad, proporcionar condiciones legales para la prestación de servicios públicos, todo esto requiere del ejercicio de toma de decisiones de los gobernantes, al poner en práctica políticas que permitan hacer posible el factor de gobernabilidad con el pueblo y la naturaleza.
Para lograr estos objetivos, aprovechando la bonanza económica, muchos gobiernos han posibilitado, especialmente los de corte socialista, que se realicen obras en beneficio de la colectividad cumpliendo con uno de sus fines sociales, la distribución de la riqueza, siendo para ello necesario, en consecuencia, analizar la facultad que tiene el Estado para expropiar bienes en beneficio de la colectividad, específicamente aquellas entidades y organismos que forman parte, en nuestro caso, del Estado Ecuatoriano.
